El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha paralizado la expulsión de España de una mujer camerunesa perseguida por motivos de violencia machista y que solicitó asilo en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Así se recoge en un comunicado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organismo que interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional solicitando la aplicación de una "medida cautelarísima" para que se autorizara la permanencia en España de esta mujer por "los numerosos indicios que evidenciaban un riesgo real para su vida e integridad física en caso de su devolución a Camerún".

El recurso se presentó tras la denegación de la petición de asilo por parte de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

La Audiencia Nacional rechazó la autorización de esta medida y, frente a la inminente expulsión, el servicio jurídico de la CEAR solicitó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la adopción de la aplicación de la regla 39 para evitar que la mujer víctima de violencia y matrimonio forzado, fuese expulsada de España.

"Después de más de 20 días en el aeropuerto de Madrid-Barajas, la mujer camerunesa ha abandonado por fin las dependencias aeroportuarias", destaca la CEAR, que celebra esta decisión del más alto Tribunal Europeo en materia de derechos humanos.

Paloma Favieres, responsable del área jurídica de CEAR, ha confiado en que esta decisión "marque el camino que debe seguir tanto la administración como la judicatura española a la hora de valorar las solicitudes de asilo y del riesgo que pueden correr estas personas si son expulsadas".

Desde el año 2011, CEAR ha presentado 45 recursos de los que 42 se han resuelto favorablemente ante la Alta Corte Europea para paralizar la expulsión de personas solicitantes de asilo denegadas tras haber realizado la petición de protección internacional en frontera.

El año pasado, en concreto, CEAR recurrió ante Estrasburgo la expulsión de 30 saharauis en el CIE de Fuenteventura y dicho tribunal consideró que España vulneraba el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos debido a la "inexistencia" en la legislación española de un mecanismo con efecto suspensivo automático que paralice la devolución de solicitantes de asilo hasta que la decisión sobre su caso sea definitiva.